Tras Cotobro, una sentencia obliga al Ayuntamiento a mantener la urbanización de la Punta de la Mona.

Una nueva sentencia judicial vuelve a desautorizar a Herrera y ordena al ayuntamiento realizar el mantenimiento de una urbanización. En este caso de la Punta de la Mona-Los Berengueles, que se une a la reciente sentencia en tal sentido sobre el mantenimiento de la ECCO de Cotobro.

La sentencia es de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 24 de febrero de 2022, y en ella da la razón a la Comunidad de Propietarios Punta de la Mona-Los Berengueles, y ordena al ayuntamiento de Almuñécar “a proceder a la inmediata recepción de las obras de la urbanización, en el estado en que las mismas se encuentren”, dejando sin efecto la pretensión del consistorio de cargar sobre los vecinos las actuaciones y el mantenimiento de la urbanización.

Desde Convergencia Andaluza de Almuñécar-La Herradura exigimos a la Sra. Herrera que proceda al cumplimiento de las sentencias judiciales, sin dilaciones ni maniobras dilatorias y atienda las exigencias de los residentes, tanto para Cotobro, cuya sentencia es firme y de obligado cumplimiento, como planteamos en el pleno de la semana pasada, así como en esta nueva sentencia judicial referida a la Punta de La Mona-Los Berengueles, o en la zona de Los Pinos donde ya hay un fallo inicial. Todas ellas se vienen pronunciando en la misma línea de rechazo a las tesis del gobierno Herrera y sus socios incondicionales de Izquierda Unida y a favor de las reclamaciones vecinales.

Pedimos a Herrera que deje de eludir sus responsabilidades y no intente cargar en los residentes de las urbanizaciones los déficits y carencias en infraestructuras y su mantenimiento, como lleva años realizando. De hecho, en una huida hacia adelante e ignorando el contenido de las sentencias judiciales, pretende incluir en la revisión del Plan de Urbanismo que están tramitando, la figura de las Áreas de Mejora Urbana (AMU), para cobrar a los vecinos de las urbanizaciones más de 18 millones de euros, en forma de un “impuesto revolucionario”, que desde Convergencia Andaluza rechazamos tajantemente.